Por Luis Miguel Castilla
El reciente Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) del MEF proyecta una reducción gradual del déficit fiscal desde 2.2% del PBI en 2025 hasta 1.0% en 2028. La trayectoria es coherente con el marco legal vigente. Pero cumplirla exige un nivel de disciplina fiscal que ningún mecanismo institucional actual garantiza y que la dinámica política hace cada vez menos probable.
El ciclo electoral tensiona la viabilidad de la consolidación fiscal
El problema de fondo es de inconsistencia temporal. El escenario base supone que el próximo gobierno mantendrá una senda de austeridad sostenida, mientras que el ciclo electoral apunta en dirección contraria. Un gobierno de tendencia estatista y disruptiva, que no puede descartarse en el caso de un eventual gobierno de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, agravaría el punto de partida fiscal que ya heredaría la nueva administración gubernamental.
El reiterado incumplimiento de las reglas fiscales erosiona credibilidad
A ello se suma que el Perú acumula tres años consecutivos incumpliendo las reglas fiscales vigentes (en su totalidad, incluyendo las que limitan el crecimiento del gasto corriente). Esa recurrencia erosiona la credibilidad de cualquier proyección oficial de consolidación y vuelve cada vez más irrelevante el ancla nominal del marco macrofiscal.
Las nuevas presiones de gasto agravan el deterioro de las cuentas públicas
Las presiones de gasto tampoco tienen precedente reciente. Según el Consejo Fiscal del Perú, entre 2021 y 2026 el Congreso aprobó 268 leyes con impacto fiscal adverso, generando compromisos permanentes por S/ 36,700 millones anuales —equivalentes al 3% del PBI— y un costo acumulado de S/ 109,600 millones, el 9.1% del PBI. Solo en marzo de 2026, las medidas aprobadas suman un costo permanente de al menos S/ 11,400 millones anuales adicionales. Petro-Perú ilustra la otra cara del riesgo: pese a haber recibido cerca de US$ 6,800 millones en apoyo estatal entre 2022 y 2025, acumula una deuda financiera superior a US$ 6,300 millones, y un nuevo salvataje por US$ 2,000 millones está en curso.
Los riesgos ya no son hipotéticos, sino parte del escenario en curso
El IAPM reconoce estos riesgos, pero los trata como condicionales. Sin embargo, son tendencias estructurales que ya se están materializando. De implementarse plenamente las iniciativas legislativas con costo cuantificado, el déficit promedio 2026-2036 ascendería a 5.8% del PBI, frente al 1% proyectado en el marco oficial —una brecha de casi cinco puntos que la deuda pública pagaría durante una década.
El próximo gobierno enfrentará un ajuste más complejo de lo previsto
El próximo gobierno no heredará solamente un déficit mayor al proyectado. Heredará un stock de compromisos permanentes que hace técnicamente muy difícil retornar a la senda de consolidación sin una reforma fiscal de fondo. Esa es la verdadera magnitud del desafío que el IAPM identifica, pero no cuantifica plenamente en su escenario central.
