Por Luis Miguel Castilla
La conectividad del centro del país ha sido, por décadas, uno de los grandes cuellos de botella para el desarrollo económico y social del Perú. La saturación y precariedad de la actual Carretera Central no solo encarece el transporte y reduce la competitividad logística del país, sino que también limita el potencial productivo de regiones clave como Junín, Pasco, Huánuco y parte de Lima. Por ello, la Nueva Carretera Central (NCC) no es simplemente un proyecto vial más: es una obra estratégica para integrar el territorio, dinamizar las economías regionales y mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos.
La Nueva Carretera Central y su relevancia para la integración regional
La NCC busca articular cinco regiones y beneficiar a más de 11 millones de peruanos, lo que evidencia su relevancia nacional. Sin embargo, el debate reciente sobre su ejecución ha estado marcado por controversias políticas y señales contradictorias desde el propio Estado. Aunque el Ejecutivo ha anunciado recursos —como los S/ 600 millones destinados al túnel de Pariachi—, estos anuncios todavía no se han traducido plenamente en decisiones presupuestales y operativas concretas. En proyectos de esta magnitud, la brecha entre discurso y ejecución tiene consecuencias económicas y reputacionales importantes para el país.
Mecanismos de negociación para asegurar la continuidad del proyecto
La resolución del contrato bajo el esquema Gobierno a Gobierno activó mecanismos de trato directo que deberían ser aprovechados con responsabilidad técnica y política. Antes de escalar a un arbitraje internacional —costoso y desgastante— existe margen para construir una solución que preserve el marco de cooperación original y permita ajustar cronogramas y hitos financieros de acuerdo con la realidad fiscal. La priorización de tramos críticos, como el túnel de Pariachi, podría mantener la continuidad del proyecto mientras se asegura el financiamiento progresivo del resto de la obra.
Debilidades institucionales en la gestión de infraestructura estratégica
Pero, más allá de este caso específico, la discusión revela un problema estructural: la gestión de la infraestructura estratégica en el país sigue enfrentando debilidades institucionales, falta de coordinación entre entidades y visiones de corto plazo. La conectividad del centro del país requiere planificación de Estado, claridad jurídica y una gestión pública capaz de ejecutar proyectos complejos sin improvisaciones ni contradicciones.
Un espacio de diálogo para el futuro del desarrollo regional
En ese contexto, resulta fundamental abrir espacios de diálogo sobre el futuro del desarrollo regional. Por ello, el próximo 12 de marzo se realizará en Huancayo un encuentro con candidatos al Congreso —diputados y senadores— por la región Junín, convocado por Videnza Instituto y la Cámara de Comercio de Huancayo. Será una oportunidad para debatir una visión de largo plazo para la región y para definir con claridad los roles que deben asumir los distintos poderes del Estado en el impulso de la infraestructura que el centro del país necesita con urgencia.
Lee aquí su columna publicada en Correo (Huancayo):
