Por Luis Miguel Castilla
En cada campaña electoral, las promesas abundan y las propuestas buscan conectar rápidamente con las necesidades más urgentes de la ciudadanía. Sin embargo, pocas veces se analiza con suficiente detalle si estas iniciativas son realmente viables. Por ello, resulta valioso el esfuerzo de fact-checking que Videnza Instituto desarrolla semanalmente en alianza con Diario Correo, orientado a evaluar técnicamente las principales ofertas de los candidatos presidenciales.
Dos propuestas bajo análisis: transferencias y subsidios
La edición más reciente pone bajo análisis dos propuestas enfocadas en aliviar el costo de vida de los sectores vulnerables: el incremento de transferencias sociales y la ampliación de subsidios energéticos. Ambas persiguen objetivos socialmente legítimos, pero enfrentan importantes retos financieros.
Duplicar bonos sociales: impacto fiscal y sostenibilidad
Por un lado, la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, propone duplicar los bonos de los programas sociales Juntos y Pensión 65. La medida beneficiaría a cientos de miles de familias y adultos mayores en situación de pobreza; no obstante, el análisis técnico advierte que implicaría un aumento sustancial del gasto público. Según estimaciones de Videnza Instituto, el costo adicional superaría los S/ 2,300 millones anuales, incrementando significativamente el presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El principal cuestionamiento recae en la fuente de financiamiento planteada: el endeudamiento público. Utilizar deuda para cubrir gastos permanentes resulta riesgoso, pues este mecanismo está diseñado principalmente para financiar inversión y no obligaciones corrientes sostenidas en el tiempo.
Subsidio al GLP: riesgos para el equilibrio del FISE
En el segundo caso, el candidato George Forsyth, de Somos Perú, plantea elevar el vale de descuento del gas GLP financiado por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Sin embargo, ampliar el subsidio sin nuevas fuentes de ingreso obligaría a redistribuir recursos dentro del mismo fondo, afectando programas clave como la masificación del gas natural o iniciativas de acceso energético. Así, una política destinada a aliviar gastos inmediatos podría limitar avances estructurales en el sector energético.
Propuestas atractivas, pero con desafíos financieros
Ambos ejemplos evidencian un desafío recurrente en las campañas: propuestas atractivas que requieren mayor sustento fiscal o financiero para garantizar su sostenibilidad. El fact-checking no busca descalificar ideas, sino enriquecer el debate público con evidencia y análisis.
En un escenario marcado por la sobreabundancia de información, contar con evaluaciones independientes permite al ciudadano mirar más allá del discurso político. La democracia se fortalece cuando el elector compara, cuestiona y decide con información verificable. Porque, al final, ejercer un voto informado no solo es un derecho, sino una responsabilidad con el futuro del país.
