Por Luis Miguel Castilla
El análisis de los catorce capítulos sectoriales de propuestas de política pública para el periodo 2026–2031, elaborado como contribución técnica de Videnza Instituto al debate nacional, permite identificar coincidencias estructurales que trascienden las particularidades de cada sector: el principal problema del Estado ya no es la falta de normas, planes o diagnósticos, sino la debilidad persistente en la implementación de las políticas públicas.
Capacidad de ejecución como eje transversal de la agenda 2026–2031
En la mayoría de los sectores existen marcos legales y estratégicos relativamente claros y consensuados. Sin embargo, estos no se traducen en mejoras sostenidas en servicios, productividad o bienestar debido a la fragmentación institucional, la superposición de programas, la limitada capacidad de ejecución y la ausencia de mecanismos efectivos de seguimiento. Por ello, el énfasis transversal de la agenda 2026–2031 está en fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar, coordinar y sostener las intervenciones en el tiempo, desplazando el foco del “qué” al “cómo”.
Gobernanza y liderazgo político para reformas intersectoriales
Un segundo elemento común es la necesidad de una gobernanza clara y de liderazgo político de alto nivel. Los problemas sectoriales son, en esencia, transversales e intergubernamentales. El desempeño del agro depende del agua, la infraestructura y el financiamiento; el acceso efectivo a agua y saneamiento depende tanto de la inversión como de la gestión y la sostenibilidad financiera; la seguridad ciudadana, la justicia y la infraestructura requieren coordinación entre múltiples entidades. En este contexto, ningún ministerio puede conducir reformas de manera aislada. Los documentos coinciden en la importancia de fortalecer el rol del centro de gobierno, particularmente de la PCM, en estrecha articulación con el MEF, para priorizar, coordinar y destrabar la ejecución.
Gestión por resultados, información y rendición de cuentas
El tercer elemento transversal es la centralidad de la gestión por resultados, los datos y la rendición de cuentas. El bajo impacto del gasto público se explica, en buena medida, por la falta de objetivos claros y medibles y por la ausencia de sistemas integrados de información que permitan monitorear avances y corregir desviaciones. Las propuestas enfatizan la necesidad de definir pocos resultados estratégicos, establecer metas verificables al 2031 y contar con tableros de seguimiento públicos que orienten la toma de decisiones y fortalezcan la transparencia.
Prioridades iniciales para asegurar un arranque efectivo del mandato
A partir de estos consensos, la agenda propone una secuencia clara para el inicio del mandato. Los primeros meses deben concentrarse en crear condiciones habilitantes: instalar una arquitectura de gobernanza efectiva, ordenar prioridades, organizar la información disponible y abordar cuellos de botella críticos como proyectos paralizados o fallas operativas. Iniciar el gobierno con grandes anuncios sectoriales sin resolver previamente la capacidad de implementación reproduce los fracasos de ciclos anteriores.
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