Por Luis Miguel Castilla
El próximo gobierno y el Congreso que se instalen en julio de este año enfrentarán un desafío central: reconstruir la capacidad del Estado para producir resultados en un contexto de recursos escasos, alta desconfianza ciudadana y problemas estructurales largamente postergados. En ese escenario, la discusión pública debería concentrarse menos en declaraciones generales y más en propuestas de política pública concretas, secuenciadas y viables, capaces de ser implementadas y aprobadas dentro del marco institucional y fiscal existente.
El déficit no es de diagnóstico, sino de implementación
El problema del país ya no es la falta de diagnósticos. Por el contrario, existe abundante evidencia sobre las brechas en servicios públicos, productividad, infraestructura, seguridad y gobernanza. El déficit principal está en la ausencia de una lógica de implementación: qué hacer primero, qué reformas requieren maduración, cómo coordinar al Ejecutivo con el Congreso y cómo evaluar avances con indicadores claros. Sin ese orden, incluso las políticas bien diseñadas tienden a diluirse.
Ordenar la acción pública en horizontes temporales claros
De allí la importancia de estructurar la acción pública en tres horizontes temporales: los primeros 100 días, orientados a instalar gobernanza, prioridades y reglas de juego; el primer año, enfocado en pilotos, ajustes operativos y resultados tempranos; y el horizonte de cinco años, destinado a consolidar reformas estructurales. Esta secuencia permite compatibilizar urgencia política con sostenibilidad técnica. A ello debe sumarse una línea base explícita y metas puntuales al 2031, que permitan evaluar de manera objetiva si el país avanzó o no durante el quinquenio.
Propuestas de política pública como bien público para el periodo 2026–2031
En ese marco se inscribe el trabajo desarrollado por Videnza Instituto, que pone a disposición del debate público un conjunto de propuestas de política pública para el periodo 2026–2031, concebidas explícitamente como un bien público y no como un programa partidario. Se cubren catorce áreas temáticas y sectoriales consideradas críticas para el desarrollo del país:
- Agricultura y desarrollo agropecuario
- Agua y saneamiento
- Educación
- Sostenibilidad fiscal
- Formalización económica
- Hidrocarburos
- Infraestructura
- Justicia
- Minería
- Modernización del Estado
- Salud
- Seguridad ciudadana
- Turismo y
- Vivienda
Elevar el debate público con reformas ordenadas y metas verificables
El énfasis no está en brindar más diagnósticos, sino en ordenar reformas, identificar cuellos de botella y definir metas verificables. El aporte de este trabajo no pretende cerrar el debate, sino elevar su nivel. En un contexto de fragmentación política y expectativas contenidas, contar con propuestas técnicamente sólidas, secuenciadas y medibles es una condición necesaria para que el próximo quinquenio no sea simplemente otro periodo perdido, sino un punto de inflexión hacia una gestión pública más predecible y orientada a resultados.
