Por Luis Miguel Castilla
Informarse para votar: cuando las promesas chocan con la realidad. Videnza Instituto, en alianza con #DiarioCorreo, ha publicado una nueva edición de su ejercicio de fact-checking sobre propuestas económicas de dos candidatos presidenciales. El análisis no solo contrasta promesas con evidencia técnica, sino que pone sobre la mesa una pregunta clave para el electorado: ¿son pertinentes estas propuestas para resolver los problemas del país sin generar daños mayores?
Una tarifa eléctrica socialmente atractiva, pero mal focalizada
El primer caso analizado es la propuesta de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien plantea establecer una tarifa eléctrica máxima de S/ 50 para los hogares del sur del país. A primera vista, la idea parece socialmente atractiva: aliviar el gasto en servicios básicos. Sin embargo, el análisis revela un problema de fondo. En las regiones más pobres del sur, el consumo promedio mensual de electricidad no supera los S/ 20. Es decir, la mayoría de hogares vulnerables no se beneficiaría en absoluto. Quienes sí ganarían serían los hogares de mayor consumo, usualmente de mayores ingresos, generando un subsidio regresivo que terminaría siendo financiado por todos los usuarios eléctricos. Además, fijar precios máximos distorsiona las señales económicas, desincentiva el ahorro de energía y puede sobrecargar la infraestructura eléctrica, con efectos negativos de mediano plazo.
Usar las reservas para gasto social: un riesgo para la estabilidad macroeconómica
El segundo caso corresponde a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien propone utilizar las Reservas Internacionales Netas (RIN) para financiar políticas de salud, como la lucha contra la anemia y la tuberculosis. El objetivo social es incuestionable, pero el instrumento elegido es altamente riesgoso. Las RIN no son una “caja” de libre disposición: son el principal escudo macroeconómico del país. Garantizan importaciones esenciales, respaldan la moneda y sostienen la confianza de inversionistas y ciudadanos. La experiencia internacional —desde Bolivia hasta Sri Lanka— muestra que erosionar reservas para gasto corriente puede desencadenar inflación, devaluación, escasez de bienes básicos y crisis económicas que golpean con más fuerza a los más pobres. En ese sentido, la propuesta no solo debilita al Estado, sino que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica al violar la independencia del BCR.
Promesas de alto impacto político y bajo sustento técnico
Ambos casos ilustran un patrón recurrente en campañas electorales: promesas de alto impacto político, pero bajo sustento técnico. Algunas medidas pueden sonar solidarias o urgentes, pero terminan siendo ineficientes, regresivas o francamente peligrosas para la economía. Por ello, el rol del elector es fundamental. Informarse, contrastar propuestas y entender sus consecuencias es un acto de responsabilidad democrática. Votar no debe ser un acto emocional ni una reacción a ofertas aparentemente fáciles. Las promesas demagógicas, imposibles de sostener sin dañar seriamente la economía peruana, suelen terminar afectando precisamente a quienes dicen defender.
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