Por Luis Miguel Castilla
El manejo de Petroperú es un claro ejemplo de lo que no se debiera hacer, y menos en un momento de estrechez fiscal. El gobierno continúa otorgándole salvatajes financieros a una empresa estatal insolvente y mal manejada, sin que ninguno de los decretos que autorizaron previamente esos recursos haya venido acompañado de reformas creíbles. El último decreto de urgencia, que autoriza respaldos adicionales por hasta US$ 2 mil millones, no es la excepción; vuelve a concentrarse en los síntomas, la total iliquidez para hacer frente a sus obligaciones, sin encarar las causas. El mal gobierno corporativo, la falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas siguen intactos.
Seguir financiando la empresa estatal ignora la evidencia acumulada
En ese contexto, resulta difícil comprender la posición de Roberto Sánchez. A lo largo de la campaña, ha sostenido que la solución pasa por seguir asignando recursos públicos a la empresa y resistir la entrada de capital privado que mejore su gestión. Es una apuesta que desafía la evidencia acumulada durante décadas: las empresas públicas peruanas han sido, con contadas excepciones, instrumentos de captura política, ineficiencia operativa y pérdida de recursos que pudieron destinarse a usos alternativos con mayor impacto sobre el bienestar de la población.
La subsidiariedad del Estado busca evitar este tipo de distorsiones
El principio de subsidiariedad del Estado en la economía, consagrado en la Constitución, no es una ideología, sino que representa una lección aprendida. El Estado debe intervenir donde el mercado falla genuinamente, no como empresario habitual en sectores donde el capital privado puede operar con mayor eficiencia y menor riesgo para el erario. Petroperú ilustra con precisión lo que ocurre cuando se ignora esa distinción: una empresa que acumula pérdidas, no rinde cuentas y convierte al Estado en garante permanente de su insolvencia.
Cerrar la puerta al capital privado profundiza un error costoso
La pregunta relevante no es si el Estado debe tener presencia en el sector energético (puede tenerla, mediante regulación, concesiones o participaciones acotadas), sino si debe seguir financiando indefinidamente una estructura que ha demostrado no poder sostenerse por sí sola. Insistir en ese camino, cerrando la puerta al capital privado por razones ideológicas, no es defender lo público; muy por el contrario, es dilapidarlo. El próximo gobierno recibirá esta herencia. Ignorar lo que ella enseña sería un error que los peruanos, otra vez, pagaremos.
Lee aquí el informe de Videnza Instituto publicado en Correo:
