Por Luis Miguel Castilla
El Perú llega a esta segunda vuelta con un Senado electo por primera vez en más de tres décadas. En medio del ruido electoral, ese detalle puede ser el factor más determinante del próximo quinquenio. El retorno de la bicameralidad no es casualidad. Fue una respuesta a un ciclo en el que el Congreso unicameral aprobó sistemáticamente legislación de baja calidad, removió autoridades a discreción y utilizó mecanismos de insistencia para imponer normas con alto costo fiscal. La cámara única, sin contrapeso interno, se convirtió en una fuente de inestabilidad antes que de gobernanza. Ese diagnóstico, compartido transversalmente, fue el que abrió paso a la reforma.
Una cámara alta con poder decisivo frente a cambios de fondo
El nuevo diseño corrige eso con una lógica deliberadamente asimétrica. El Senado puede ratificar, modificar o archivar lo aprobado por Diputados, sin mecanismo de reenvío en caso de desacuerdo. La última palabra es suya. Esa asimetría importa especialmente en un contexto donde una de las opciones de segunda vuelta plantea cambios sustantivos al modelo económico: intervenir la conducción del BCR, redirigir reservas internacionales hacia gasto social, nacionalizar Camisea, renegociar contratos de concesión.
Las atribuciones del Senado elevan el costo de un giro heterodoxo
Frente a ese escenario, los poderes del Senado no son abstractos. Ratificar al presidente del BCR exige mayoría absoluta de sus miembros. Aprobar leyes por insistencia requiere ese mismo umbral en ambas cámaras. El Senado, además, controla los tratados internacionales y puede derogar decretos legislativos y de urgencia del Ejecutivo. En un Congreso fragmentado, reunir esas mayorías para un viraje heterodoxo sería extraordinariamente difícil. Las proyecciones apuntan, además, a una composición senatorial dominada por fuerzas de centro y derecha poco proclives a patear el tablero.
La bicameralidad contiene, pero no elimina los riesgos
Conviene, sin embargo, ser precisos sobre los límites de este argumento. Si un gobierno de ruptura logra mayorías afines en ambas cámaras, el contrapeso se diluye. La bicameralidad no es garantía; es un filtro que eleva los costos políticos de las decisiones más disruptivas. La historia reciente lo ilustra: incluso con un Congreso unicameral, Pedro Castillo no pudo implementar la agenda más radical de su programa.