Por Luis Miguel Castilla
El próximo gobierno recibirá una economía con escaso margen de maniobra fiscal. No se trata de alarmismo, sino de una alarmante realidad. En los últimos meses, el Congreso ha aprobado leyes que generan gastos permanentes sin financiamiento o ha erosionado los ingresos tributarios para favorecer a grupos específicos. Mientras tanto, el Ejecutivo ha optado por no ejercer los mecanismos institucionales disponibles para contener estos excesos, incluso absteniéndose de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar la intromisión del Legislativo en competencias propias del MEF. El resultado es evidente: un mayor riesgo para la sostenibilidad fiscal y una peligrosa reducción del espacio de acción para la siguiente administración.
Decisiones recientes que comprometen el equilibrio fiscal
Diversos organismos multilaterales, como el FMI y el Banco Mundial, y el propio Consejo Fiscal del Perú han advertido que estas decisiones implican al menos S/11.4 mil millones anuales en nuevas obligaciones. Así, se han aprobado iniciativas de gasto por S/50 000 millones desde 2021, dinámica que compromete el equilibrio presupuestario, rigidiza el gasto y desplaza recursos de prioridades esenciales. En la práctica, el próximo gobierno heredará una caja fiscal muy estrecha, con compromisos crecientes y menor capacidad para responder a shocks o impulsar reformas. Particular atención merece lo que ocurra al cierre de la legislatura: este suele ser el periodo más riesgoso, pues la atención pública se concentra en el proceso electoral mientras el Congreso avanza, sin mayor escrutinio, en decisiones de alto costo fiscal.
Desconexión entre el discurso político y la realidad fiscal
Más preocupante aún es la ausencia de conciencia política sobre esta pesada herencia. Ningún candidato parece dimensionar el problema fiscal en su real magnitud. El debate gira en torno a promesas de gasto y nuevos beneficios tributarios, pero no sobre las restricciones que ya condicionan cualquier acción futura. Se ofrecen soluciones sin reconocer que el margen para implementarlas ha sido severamente reducido. Esta desconexión entre discurso y realidad constituye un grave riesgo.
Debilitamiento institucional y pérdida del rol técnico del MEF
Esta situación responde al debilitamiento institucional y la pérdida de peso de la tecnocracia, particularmente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Durante décadas, el MEF fue un ancla de racionalidad técnica en la conducción económica. Hoy, esa capacidad se ha erosionado; en contraste con la solidez del Banco Central de Reserva, cuya independencia constitucional le ha permitido resistir presiones. No es casual que incluso el BCR sea cuestionado por algunos candidatos, dispuestos a plantear propuestas disruptivas sin mayor sustento técnico ni consideración por sus efectos.
El riesgo de un nuevo ciclo de populismo e improvisación
Sin anclas claras —ni fiscales ni institucionales—, el país se expone a repetir un ciclo de populismo e improvisación. Recuperar la voz técnica no es un lujo, sino una condición mínima para la estabilidad. Ignorar esta advertencia nos acerca, peligrosamente, a otro quinquenio perdido. Y, sin embargo, la mayoría de candidatos parece mirar hacia otro lado.
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