Por Luis Miguel Castilla
El presupuesto público es la expresión más nítida de las prioridades de un país. En teoría, debería garantizar que cada sol se dirija a aquello que realmente mejora la vida de los ciudadanos: salud, educación, infraestructura, seguridad. En la práctica reciente, sin embargo, se ha convertido en un terreno fértil para el cálculo político y el interés corporativo del Congreso. No solo viola la iniciativa de gasto que la Constitución reserva exclusivamente al Ejecutivo —violando el artículo 79—, sino que ha aprovechado esa discrecionalidad para garantizarse el mayor incremento presupuestal de todo el sector público.
Un Congreso que aumenta su presupuesto mientras recorta áreas esenciales
Mientras el gasto público crece apenas 2,29% respecto al 2025, el Parlamento se otorga para 2026 un aumento de 39% por encima de lo propuesto por el Ejecutivo, alcanzando S/ 1,735 millones. Ningún otro sector del Estado recibe una expansión similar. Por el contrario, áreas críticas como salud y transporte pierden recursos, aun cuando sus déficits son evidentes en la vida diaria de millones de peruanos.
El avance de un poder presupuestal sin controles técnicos
Este ensanchamiento del poder presupuestal legislativo no es aislado. El gasto en personal y obligaciones sociales —planilla, beneficios, rigideces salariales— ha pasado de representar el 29% del presupuesto en 2019 a 36% en 2026, consumiendo cada vez más espacio fiscal en detrimento de la inversión pública. A ello se suma la incorporación de 74 disposiciones adicionales que elevan el gasto permanente sin evaluación técnica alguna, creando nuevas unidades ejecutoras, flexibilizando controles y exonerando restricciones normativas al propio Congreso. El presupuesto se vuelve así una plataforma para asegurar prebendas, no para atender urgencias nacionales.
Un riesgo estructural para la gobernanza fiscal y el equilibrio de poderes
El riesgo es sistémico. Cuando quienes deben fiscalizar el gasto público se autoasignan recursos discrecionalmente, se erosiona el equilibrio de poderes y se debilita la gobernanza fiscal. Se institucionaliza la idea de que el Congreso puede usar el erario como botín, sin consecuencias ni responsabilidades.
El costo político y social de un Estado más caro y menos eficiente
No se trata de números fríos. Se trata de la integridad del sistema político, de la disciplina fiscal que permite responder a emergencias, construir escuelas y carreteras, luchar contra la pobreza e impulsar el crecimiento. El país entero pagará el costo de un Estado más caro, más rígido y menos eficiente, mientras que los beneficios quedarán en manos de unos pocos. El artículo 79 no es un obstáculo: es un límite democrático. Hoy, el Congreso lo ha cruzado —y lo hace sin que haya ningún tipo de oposición o rechazo.
Accede aquí al informe de Videnza Instituto publicado en El Comercio:
