Por Luis Miguel Castilla
El incremento salarial de 125 % que el Consejo de Ministros aprobó a favor de la presidenta Boluarte ha desatado el rechazo casi unánime de la población. Legal y técnicamente procede, pero políticamente representa la culminación de una serie de errores tomados por la mandataria. Según encuesta del IEP (mayo 2025), el 94 % de los peruanos rechaza el incremento.
Marco legal que ampara el aumento salarial
Legalmente, el incremento salarial presidencial se enmarca dentro de una serie de disposiciones legales, amparadas por la propia Constitución. Si bien la Ley del Servicio Civil estableció principios de equidad y orden en la remuneración del sector público y determina que la PCM y el MEF definen las remuneraciones dentro de ciertos límites presupuestales, esta ley excluye de su alcance a las autoridades elegidas por voto popular.
Regulación específica para altos funcionarios del Estado
Sin embargo, la Ley N.º 28212 – Ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios del Estado – establece cómo se fija la remuneración del Presidente de la República y otras autoridades electas. Específicamente, el Artículo 2 incluye explícitamente al Presidente como sujeto regulado por esta ley. Además, el Artículo 8 establece que los ingresos deben seguir una escala ordenada para evitar que funcionarios de menor jerarquía ganen más que autoridades superiores, respetando una proporcionalidad estructurada por función. Vale decir una escala piramidal.
Competencias del MEF en materia remunerativa
El MEF es el competente para definir las escalas remunerativas del sector público, salvo las que apliquen a los organismos constitucionalmente autónomos y los poderes del Estado que tienen sus propias leyes orgánicas que fijan sus políticas remunerativas. Así, es evidente que el MEF actuó con la legalidad de su lado.
Desconexión política frente al sentir ciudadano
Sin embargo, el problema radica en la total falta de lectura del rechazo popular que esta medida podría causar. Si bien se corrige una distorsión demagógica aprobada por el segundo gobierno de Alan Garcia en el 2006, que decidió reducir a la mitad los sueldos de los funcionarios públicos, para diferenciarse del gobierno de Toledo, todos los 7 presidentes que hemos tenido desde el 2013 decidieron abstenerse de incrementar sus haberes por cálculo político. En este sentido, la presidenta Boluarte ha subestimado el impacto de esta medida. Quizá hubiese sido más conveniente que se aplique en el siguiente gobierno y no en el suyo, de cara al contexto de nula aprobación y la percepción generalizada que lo que caracteriza a la mandataria es la frivolidad de sus actos.
Posibles consecuencias y efectos colaterales
Las consecuencias podrían ser que el Gobierno retroceda y deje sin efecto esta medida o que incluso el Congreso plantee un proyecto de ley que derogue el decreto supremo que le de vigencia. Un aspecto a destacar es que este nuevo sueldo presidencial no tendría implicancias en la pensión vitalicia que reciben los ex presidentes, al estar atados a los ingresos de congresistas.
Así, el foco está puesto en medidas que distraen la atención de lo urgente y muestra donde están realmente las prioridades de la presidenta.
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