Por Luis Miguel Castilla
En un contexto preelectoral, el Gobierno impulsa medidas populistas sin sustento técnico, como la reciente reducción del IGV para duplicar el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), en un intento por beneficiar a gobiernos locales sin resolver los problemas estructurales de gestión que enfrentan. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lejos de contener el gasto, propone relajar las reglas fiscales y niega impactos negativos, como el riesgo de pérdida de la calificación crediticia o el alejamiento de estándares Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta decisión no fortalece la descentralización fiscal, sino que profundiza la dependencia de las municipalidades del Gobierno central, sin mejorar su capacidad de ejecución ni enfrentar la ineficiencia, corrupción y baja autonomía que las aquejan. La sostenibilidad fiscal está siendo sacrificada por fines políticos de corto plazo.
Lee aquí su columna publicada en Correo (Huancayo):
