Por Luis Miguel Castilla
El Congreso saliente se apresta a cerrar su mandato sembrando bombas de tiempo que otros deberán desactivar. Lo hace, además, sin asumir responsabilidad alguna por ello. La razón es que la mayoría de sus bancadas perdió la inscripción al no superar la valla electoral, lo que significa que sus congresistas legislan sin consecuencias. No tienen partido que defender ni carrera electoral nacional que cuidar (salvo las regionales y locales de octubre próximo). Aprueban y se van. El costo lo hereda el país, que ya va acumulando contingencias por leyes antitécnicas ante la permisividad del Gobierno.
La baja vigilancia pública agrava el deterioro de las finanzas públicas
Con la segunda vuelta y la transición de gobierno ocupando el centro del debate, la vigilancia ciudadana sobre el Congreso está en su punto más bajo. El Consejo Fiscal del Perú ha cumplido su rol al documentar el daño sobre las finanzas públicas. Pero estas alertas del Consejo, que registran el deterioro fiscal, no son atendidas con la urgencia y responsabilidad que demandan.
La inseguridad jurídica amenaza la inversión minera formal
Fuera del ámbito fiscal, un peligroso dictamen aprobado en marzo por la Comisión de Energía y Minas reduciría los plazos de concesión minera de 30 a 15 años, cuando el tiempo real de maduración supera los 40 años. Además, eliminaría el carácter irrevocable de la concesión (la garantía esencial que hace viable la inversión de largo plazo) e incrementaría los costos de mantenimiento hasta en 300%. Las opiniones técnicas del MINEM e INGEMMET fueron ignoradas. Si el pleno lo ratifica, el efecto será doble: desinversión en la minería formal y expansión de la ilegal, cuyas exportaciones de oro ya igualaron a las legales en 2025.
Más rigidez laboral en una economía marcada por la informalidad
En el mercado laboral, diversas iniciativas de Juntos por el Perú, en estado avanzado, elevarían los costos de la formalidad en una economía donde el 70% de los trabajadores ya opera al margen del sistema, agravando un ciclo de informalidad que ninguna política pública ha logrado revertir.
El Ejecutivo aún tiene herramientas, pero ha renunciado a usarlas
Ante todo esto, el Ejecutivo dispone de herramientas concretas: observar las leyes, interponer acciones de inconstitucionalidad, publicar el costo de cada iniciativa antes de su votación en el pleno. No es que carezca de fueros. Es que ha renunciado sistemáticamente a ejercerlos. Entre 2021 y 2026 se promulgaron más de 229 leyes con impacto fiscal adverso; solo en el primer trimestre de este año se sumaron 32 adicionales, tres de ellas aprobadas por insistencia, sin resistencia efectiva del Ejecutivo.
La inacción del Ejecutivo profundiza los costos del daño institucional
Esa omisión no es pasividad inocente. En un momento en que los partidos legislan sin costo político y la ciudadanía mira hacia otro lado, la única institución con capacidad real de actuar como contrapeso es el Ejecutivo. Su silencio es una forma de complicidad. Y su costo lo pagará el gobierno que asuma el 28 de julio: con reglas fiscales vulneradas, calificación crediticia estresada y un aparato productivo adversamente afectado por la inseguridad jurídica que este Congreso, en su acto final, está sembrando sin que nadie le pida cuentas.
Conoce más en su columna publicada en El Comercio:
