Por Luis Miguel Castilla
En un escenario político donde las promesas suelen formularse a gran escala y con escaso detalle, resulta fundamental detenerse a examinar qué tan viables son realmente. Más allá de la intención que puedan transmitir, las propuestas de gobierno deben medirse frente a restricciones concretas como el presupuesto público, la capacidad del Estado y las prioridades sociales. En ese contexto, el factchecking se posiciona como una herramienta indispensable para pasar del discurso a los hechos.
La última edición semanal del informe de Videnza Instituto, en alianza con Diario Correo, pone bajo la lupa dos propuestas emblemáticas que, aunque atractivas en el discurso, revelan serias limitaciones cuando se analizan con rigor técnico.
El bono universal y los límites de la focalización
Por un lado, la iniciativa de Cesar Acuña, de Alianza para el Progreso, de otorgar un bono de S/ 1,000 a cada recién nacido, planteada como una herramienta de ahorro previsional, evidencia un problema recurrente en la política peruana: la universalización de beneficios sin criterios de focalización. Según el análisis, esta medida costaría alrededor de S/ 361 millones anuales, beneficiando indistintamente tanto a familias vulnerables como a aquellas que no lo necesitan.
El costo de oportunidad en el uso de los recursos públicos
Aquí surge una pregunta clave: ¿es justo —y eficiente— destinar recursos públicos limitados a todos por igual en un país donde la pobreza sigue afectando a millones? Más aún, el factchecking pone en evidencia el costo de oportunidad: ese mismo monto podría financiar programas dirigidos a adultos mayores en pobreza extrema, ampliar el acceso a educación superior o facilitar viviendas formales. Es decir, el problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta.
Una propuesta que tensiona el presupuesto público
Por otro lado, la propuesta de Roberto Sanchez, de Juntos por el Perú, de elevar el gasto en educación y salud hasta el 19% del PBI expone una confusión más profunda sobre las finanzas públicas. Aunque la intención de priorizar estos sectores es loable, el análisis revela que ello implicaría destinar cerca del 90% del presupuesto público a solo dos áreas, dejando prácticamente sin recursos a funciones esenciales del Estado.
Promesas ambiciosas sin sustento fiscal
Este tipo de planteamientos refleja una desconexión entre el discurso político y las restricciones fiscales reales. No basta con señalar porcentajes ambiciosos del PBI; es indispensable explicar cómo se financiarán y qué sacrificios implicarán. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir la política en una competencia de promesas imposibles.
Elevar el debate público con evidencia
Lo valioso de este ejercicio de verificación no es desacreditar propuestas por sí mismas, sino elevar la calidad del debate público. En una democracia saludable, los ciudadanos merecen algo más que slogans: necesitan información clara, comparaciones concretas y análisis que permitan distinguir entre lo viable y lo meramente aspiracional.
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