Por Luis Miguel Castilla
El Congreso volverá a debatir una iniciativa que amplía beneficios laborales para los trabajadores del régimen CAS, incorporando el pago de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios (CTS). El tema, por supuesto, toca una preocupación legítima: la precariedad de un régimen que nació como temporal y que terminó convirtiéndose en una pieza permanente del aparato estatal. Sin embargo, la forma en que se está tramitando la medida vuelve a exponer un problema más profundo en la relación entre el Legislativo y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Una iniciativa con impacto directo en el gasto público
El dictamen aprobado en primera votación establece que los trabajadores CAS recibirían dos gratificaciones al año —por Fiestas Patrias y Navidad— equivalentes a una remuneración mensual, además de una CTS calculada sobre el 100 % de su sueldo por cada año de servicio. Más allá de la discusión sobre los derechos laborales involucrados, lo preocupante es que el Congreso continúa impulsando normas con impacto presupuestal directo, pese a que la Constitución establece que las iniciativas de gasto corresponden al Poder Ejecutivo.
El rol del MEF frente a las presiones de gasto
En un contexto institucional saludable, el Ministerio de Economía y Finanzas debería actuar como el principal contrapeso técnico frente a este tipo de decisiones. No se trata de negar derechos ni de ignorar las demandas laborales, sino de evaluar los efectos fiscales, ordenar las prioridades del gasto y, sobre todo, insistir en que cualquier mejora en el empleo público debe formar parte de una reforma integral del sistema. El problema es que el MEF parece haber adoptado una posición cada vez más permisiva frente a iniciativas legislativas que expanden el gasto sin una planificación clara.
El Ejecutivo renuncia a un mecanismo de control constitucional
Pero la señal más inquietante proviene del propio Ejecutivo. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que el gobierno desistirá de presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra este tipo de iniciativas de gasto. Con ello, el Ejecutivo renuncia voluntariamente a uno de los pocos mecanismos institucionales que permiten contener iniciativas de gasto provenientes del Congreso.
Un precedente que debilita el equilibrio fiscal
La decisión abre un precedente delicado. Si el Ejecutivo deja de ejercer el control constitucional sobre normas que implican gasto público, el principio de equilibrio fiscal pierde uno de sus resguardos fundamentales. El riesgo no es solo el costo de una ley específica, sino la consolidación de una práctica política en la que el Congreso legisla beneficios sin asumir responsabilidad presupuestal, mientras el Ejecutivo opta por evitar el conflicto.
Lo que está en juego: la arquitectura del manejo del gasto público
Más que una discusión sobre el régimen CAS, lo que está en juego es la arquitectura institucional que ordena el manejo del gasto público. Y cuando ese equilibrio se debilita, las consecuencias rara vez se perciben de inmediato, pero terminan afectando la estabilidad económica y la calidad de la política pública.
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