Por Luis Miguel Castilla
La reciente clausura de diversos establecimientos del grupo Intercorp en el distrito de Miraflores ha reabierto un debate necesario sobre los límites del poder fiscalizador municipal. Esta constituye una función esencial del Estado. Permite resguardar la seguridad, el orden urbano y el cumplimiento de normas indispensables para la convivencia económica. Sin embargo, cuando las medidas adoptadas resultan desproporcionadas o carecen de criterios claros y previsibles, la intervención pública deja de percibirse como una garantía institucional y pasa a afectar negativamente la actividad empresarial privada, fuente de sustento para millones de peruanos.
Impacto económico y riesgo regulatorio para la formalidad
El impacto trasciende a las empresas directamente involucradas. El mensaje que reciben miles de emprendedores es inquietante: operar dentro de la formalidad no asegura estabilidad frente a decisiones abruptas, interpretaciones cambiantes de la regulación o eventuales abusos de autoridad. Las consecuencias son tanto inmediatas como estructurales. En lo directo, se ven afectados empleos, proveedores y actividades que dependen de la continuidad operativa de los negocios. En lo indirecto, aumenta la percepción de riesgo regulatorio, se desalienta la inversión y se debilitan los incentivos para formalizarse en un país que ya enfrenta elevados niveles de informalidad.
Cuando la fiscalización se convierte en intimidación
Cuando la fiscalización municipal se acompaña de amenazas implícitas, sanciones reiteradas o represalias administrativas, la línea que separa la fiscalización de la intimidación comienza a desdibujarse. Si el empresario siente que debe ceder por miedo a perder su sustento, el Estado termina reproduciendo, desde la institucionalidad, una lógica que se asemeja peligrosamente a la extorsión que hoy sufren millones de peruanos.
Liderazgos locales y el riesgo de la arbitrariedad
Estos episodios también obligan a reflexionar sobre ciertos liderazgos que emergen desde la política local. Elegidos por voto popular, algunos funcionarios asumen el cargo no como un mandato temporal al servicio del ciudadano, sino como una fuente de poder personal que los transforma en caudillos distritales. Así, el ejercicio del poder deja de regirse por reglas y contrapesos y pasa a depender de la voluntad del funcionario de turno, debilitando la confianza pública y erosionando la noción misma de servicio público. Cuando un alcalde olvida que administra un encargo transitorio y no un patrimonio político propio, el riesgo ya no es solo el abuso puntual, sino la normalización de una cultura de arbitrariedad que termina perjudicando a toda la comunidad que debería proteger.
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