Por Luis Miguel Castilla
El anuncio del Gobierno sobre la eventual gestión de un crédito suplementario para aumentar el techo de gasto y financiar obras públicas paralizadas plantea más interrogantes que soluciones. Aunque la preocupación expresada por la ministra Miralles respecto a la continuidad de proyectos de inversión es comprensible, la respuesta elegida resulta poco conveniente en el actual contexto fiscal, político y económico del país.
La regla fiscal como ancla de credibilidad
Este año, el Estado enfrenta una regla fiscal más exigente, con un déficit máximo de 1.8 % del PBI. Cumplirla no es un detalle técnico menor, sino una señal clave de responsabilidad macroeconómica y credibilidad ante los mercados y los ciudadanos. En ese marco, anunciar un incremento del gasto total contradice el objetivo central de consolidación fiscal que el propio Gobierno ha reiterado como prioridad. La incoherencia es evidente.
Riesgos de ampliar el gasto en un año electoral
A ello se suma que estamos ante un presupuesto “compartido” entre dos gobiernos, en un año electoral. Incrementar el techo de gasto en este escenario abre la puerta a decisiones apresuradas, con incentivos políticos de corto plazo y escaso rigor en la priorización del gasto. No es casual que los periodos electorales estén históricamente asociados a presiones por mayor gasto y a un uso menos eficiente de los recursos públicos.
Una señal contradictoria frente al Pacto Fiscal
Más aún, el anuncio colisiona directamente con el Pacto Fiscal que el Ejecutivo busca impulsar. No se puede, por un lado, convocar a la disciplina y al compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas y, por otro, plantear un mayor endeudamiento para ampliar el presupuesto. Ese doble discurso erosiona la confianza y debilita la autoridad del Gobierno para exigir responsabilidad a otros niveles del Estado.
El verdadero problema: la calidad del gasto público
El problema de fondo no es la falta de recursos, sino la calidad del gasto. Antes de pensar en aumentar el presupuesto, resulta indispensable fortalecer el control del gasto corriente, que continúa creciendo con una inercia preocupante. Asimismo, existen márgenes para reasignar recursos dentro del presupuesto de inversión pública, priorizando proyectos viables y de alto impacto, sin necesidad de elevar el techo global de gasto.
La importancia de preservar el ahorro fiscal
Reponer el ahorro público también debería ser una prioridad urgente. El país no puede darse el lujo de debilitar su posición fiscal cuando enfrenta riesgos latentes como un eventual fenómeno de El Niño u otros shocks externos. Incrementar el gasto hoy reduce el espacio de maniobra mañana.
Prudencia fiscal frente a tentaciones clientelares
No puede ignorarse el riesgo de que un mayor gasto en un año electoral derive en prácticas clientelares. La prudencia fiscal no es un obstáculo al desarrollo, sino una condición para que este sea sostenible. En este momento, coherencia y disciplina pesan más que anuncios efectistas.
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