Por Luis Miguel Castilla
La reciente decisión de Provías Nacional, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de anular el contrato de asistencia técnica con PMO Vías ha generado más preguntas que certezas y expone una falla profunda en la gestión pública nacional. Más allá de la retórica oficial sobre integridad y lucha contra la corrupción, el manejo de esta cancelación parece improvisado y desprovisto de una estrategia clara, poniendo en riesgo proyectos que deberían ser prioritarios para la competitividad del país.
Descoordinación institucional en una decisión clave
Desde un inicio, el anuncio fue confuso. PMO Vías denunció que la resolución del contrato fue “sorpresiva” y sin sustento técnico ni jurídico, una acusación seria que no puede ser desestimada como mero reclamo corporativo. Luego, Provías corrigió y aclaró que solo se habría cancelado el contrato de asistencia técnica, no el propio acuerdo de gobierno a gobierno (G2G) con Francia. Esta rectificación revela un nivel preocupante de descoordinación institucional, que es incompatible con la complejidad y magnitud de obras como la Carretera Central o la Vía Expresa Santa Rosa.
Un sustento jurídico débil y riesgos internacionales latentes
El Gobierno ha justificado la anulación en hechos atribuidos a la matriz de Egis, empresa integrante de PMO Vías, en el marco de una convención judicial en Europa. Sin embargo, la vinculación entre ese antecedente y la capacidad técnica de la oficina en Perú no está claramente probada. Ignorar esa distinción no solo abre la puerta a posibles arbitrajes internacionales —que serían prácticamente inevitables—, sino que también siembra dudas sobre la seriedad de las causas y sobre si se ha planteado una defensa jurídica sólida.
Las limitaciones del Estado para liderar grandes obras
Más allá del aspecto legal, esta crisis revela un problema estructural: la falta de capacidad técnica nacional para liderar proyectos de infraestructura. El Gobierno optó por la modalidad G2G sin evaluar si era la alternativa más eficiente y ahora enfrenta las consecuencias de una elección cuestionable.
La urgencia de fortalecer la gestión pública y recuperar la confianza
Es imperativo que las autoridades no solo aclaren el sustento de sus decisiones, sino que fortalezcan la gestión pública y promuevan procesos de contratación con transparencia y criterios técnicos rigurosos. Resolver contratos sin un plan de continuidad no solo afecta la inversión y la infraestructura, sino que mina la confianza ciudadana y pone en tela de juicio la credibilidad del Estado como contraparte confiable.
