Por Luis Miguel Castilla
El Perú enfrenta un escenario complejo: la cotización del oro se mantiene en niveles muy altos, por encima de los USD 4,000 la onza, y la minería ilegal continúa expandiéndose. La reciente prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), junto con la reincorporación de más de 50 mil registros retirados del padrón y la suspensión de nuevos procesos de exclusión, confirma que la altísima rentabilidad de la minería aurífera ilegal condiciona cualquier intento de formalización, peor aún en plena etapa preelectoral. La elevada cotización del oro hace prever que continuará a futuro el bloqueo del proceso de formalización.
Factores que sostienen el precio alto del oro
El elevado precio del oro tiene fundamentos sólidos. La demanda de refugio en un contexto de tensiones geopolíticas y riesgos financieros se mantiene fuerte. Simultáneamente, la depreciación del dólar aumenta el atractivo del metal. Pero el factor estructural más relevante es la creciente compra de oro por parte de bancos centrales, que acumulan más de 1,000 toneladas anuales durante tres años consecutivos y ya explican una cuarta parte de la demanda global, el doble del promedio previo a este ciclo. Esa demanda institucional asegura un soporte duradero del precio.
Proyecciones de precios altos y límites de la formalización
Por ello, las proyecciones indican que el oro no regresará a sus niveles anteriores; incluso algunos bancos de inversión consideran posibles escenarios de hasta USD 5,000 si persisten las condiciones actuales. Aunque podrían producirse correcciones temporales, lo más probable es una estabilización prolongada de la cotización en niveles elevadas, lo que asegura márgenes altísimos. Esto implica que seguir al margen de la formalidad seguirá resultando rentable y que cualquier política de formalización tendrá un alcance limitado.
La necesidad de reformar incentivos para la formalización
Frente a este panorama, modificar los incentivos de forma integral es indispensable: simplificar los requisitos acorde a la escala de los pequeños mineros, habilitar zonas específicas de explotación sin violar derechos de propiedad, establecer trazabilidad obligatoria del oro, facilitar acceso a financiamiento y compradores formales, promover la asociatividad y, al mismo tiempo, aplicar sanciones reales para quienes se nieguen a ingresar al circuito legal.
Prórrogas con motivación política y sus consecuencias
Sin embargo, el Congreso insiste en extender plazos y reabrir registros por puro cálculo político. Con cada prórroga, envía una señal de permisividad que incentiva la ilegalidad, debilita al Estado y fortalece redes económicas que operan al margen de la ley. Lo más probable es que la bonanza del oro continúe por un periodo prolongado. Lo que no debería seguir ocurriendo es que la representación parlamentaria, en lugar de promover el orden y la formalización, convierta la informalidad en plataforma política y renuncie a su responsabilidad de garantizar un sector minero sostenible y legal. El Ejecutivo podría observar la ley, pero su insistencia luce altamente probable.
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