Por Luis Miguel Castilla
Lambayeque atraviesa una crisis de seguridad cada vez más grave, marcada por una escalada de extorsiones —714 denuncias entre enero y agosto—, atentados con explosivos y homicidios recientes que afectan tanto zonas urbanas como rurales. A este escenario se suma la casi nula capacidad del Estado para contener el delito: en siete años apenas se han sumado 32 presos por extorsión a nivel nacional, mientras el sistema penitenciario opera con 62% de hacinamiento y graves déficits de personal e infraestructura que permiten que las bandas sigan operando desde dentro. El impacto ya se siente en las calles con negocios cerrados, rutas amenazadas y un miedo creciente, en un contexto donde cuatro de cada diez hogares no adoptan medidas de protección. Con las elecciones próximas, la región necesita propuestas serias que fortalezcan la inteligencia, la articulación policial y fiscal, el control penitenciario y la protección de corredores críticos, para evitar que la inseguridad siga frenando su potencial agrícola, turístico y comercial.
