Por Luis Miguel Castilla
Hace años existe una narrativa extendida en la izquierda peruana según la cual el malestar social que muchas personas sienten sería consecuencia directa del modelo económico consagrado en la Constitución de 1993. Sin embargo, la evidencia apunta en otra dirección: el problema no reside en el diseño constitucional, sino en el incumplimiento sistemático, por parte del propio Estado, de las obligaciones que ese texto le impone.
El rol del Estado en la economía social de mercado
El artículo 58 de la Constitución establece que la iniciativa privada se ejerce en una economía social de mercado, pero asigna al Estado un mandato afirmativo y exigente de actuar principalmente en promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. El modelo no es un esquema de Estado mínimo; es un arreglo que combina libertad económica con responsabilidades estatales explícitas. Cuando un ciudadano del Vraem, de Puno o de la periferia de Lima siente que el crecimiento “no le llega”, describe en términos precisos el incumplimiento del artículo 58. Es decir, no la falla del modelo, sino la deserción del Estado respecto de lo que el modelo le ordena hacer.
Crecimiento económico sin capacidad estatal suficiente
Entre 1993 y 2019, el PBI per cápita se multiplicó y la pobreza monetaria cayó del 55% a cerca del 20%. El canon y las transferencias inyectaron decenas de miles de millones de soles a los gobiernos regionales y locales. El problema no ha sido la ausencia de recursos, sino la incapacidad estatal para convertirlos en escuelas y postas médicas equipadas, agua potable las 24 horas y caminos transitables.
Descentralización deficiente y corrupción persistente
La descentralización, concebida para acercar el Estado al ciudadano, devino en transferencia de competencias sin capacidades técnicas ni rendición de cuentas. La corrupción, por su parte, opera como un impuesto regresivo que separa la renta generada del bienestar entregado. Ninguna de estas patologías es atribuible al modelo económico; son patologías del aparato público.
El riesgo de desmontar el modelo en lugar de reformar el Estado
Diagnosticar mal el problema conduce a soluciones que lo agravan. No se trata de cambiar el modelo, sino de exigirle al Estado que cumpla las obligaciones que el propio modelo le impone: reforma del servicio civil, recomposición del proceso descentralizador, combate sostenido a la corrupción y reforma regulatoria. Mientras esa distinción no se internalice, algunos políticos seguirán tentados de desmontar el motor de generación de renta para arreglar la maquinaria que nunca se atendió. Y eso es justamente lo que plantea la candidatura de Juntos por el Perú (más los “técnicos” que se prestan para moderar artificialmente los planteamientos ideológicos y trasnochados de su candidato de turno). Esta es la verdadera narrativa que tenemos que entender. El Perú tiene enormes desafíos que encarar, pero la solución no es liquidar el modelo que ha generado enorme riqueza. La solución radica en construir un Estado funcional y transparente, no uno que intente copar el poder para su propio beneficio.
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