Por Luis Miguel Castilla
El Perú enfrenta un dilema central: invertir más para cerrar su enorme brecha de infraestructura —superior a US$ 110 mil millones— sin comprometer la sostenibilidad fiscal. La evidencia muestra que esta no es una disyuntiva teórica, sino una tensión real entre dos objetivos igualmente legítimos: expandir la inversión y respetar las reglas fiscales. Resolverla exige no solo más recursos, sino mejores decisiones.
Propuestas electorales con distintos grados de realismo fiscal
Las propuestas electorales reflejan esa tensión. Algunas, como las de Fuerza Popular o Ahora Nación, plantean incrementos significativos de deuda o mecanismos de financiamiento ambiciosos, incluso vinculados a recursos naturales. Renovación Popular relaja el control presupuestario, mientras que País para Todos propone reglas de sostenibilidad más estrictas. Otras agrupaciones apuestan por destrabar proyectos, ampliar asociaciones público-privadas (APP) o impulsar Obras por Impuestos. En conjunto, el menú es amplio, pero heterogéneo en cuanto a realismo fiscal.
El Plan Nacional de Infraestructura como hoja de ruta
En paralelo, el país ha actualizado recientemente su Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031, que prioriza una cartera de 72 proyectos estratégicos distribuidos en sectores como transporte, saneamiento, salud y energía. Esta priorización busca concentrar recursos en iniciativas de alto impacto y avanzar hacia una programación multianual más ordenada, alineando la inversión con objetivos de cierre de brechas y sostenibilidad.
Restricciones fiscales y presión sobre las finanzas públicas
El problema es que varias de estas iniciativas implican costos elevados. Según estimaciones de Videnza Instituto, algunas propuestas podrían demandar incrementos sustanciales del presupuesto público, tensionando aún más un espacio fiscal ya limitado. Hoy el déficit bordea entre 2% y 3% del PBI y la deuda pública se aproxima al 35%, en un contexto de ingresos fiscales bajos y rigideces del gasto, y un mundo inestable de cara a la guerra en Medio Oriente. Ignorar estas restricciones no es una opción responsable.
Eficiencia en la inversión: un desafío pendiente
Más aún, el desafío no es solo cuánto se invierte, sino cómo se invierte. El Perú arrastra problemas estructurales: baja ejecución, obras paralizadas y deficiencias técnicas que reducen el impacto del gasto. Según la OCDE, hasta el 40% de la inversión pública podría ser más eficiente, lo que revela que el margen de mejora está tanto en la gestión como en el financiamiento.
Hacia una estrategia integral de inversión en infraestructura
Por ello, cerrar la brecha requiere una estrategia integral. Primero, priorizar proyectos con alto impacto social y económico. Segundo, combinar instrumentos —obra pública, APP, OxI— según la naturaleza de cada proyecto, gestionando adecuadamente sus riesgos fiscales. Y, tercero, respetar las reglas fiscales, evaluando costos intertemporales y evitando compromisos ocultos que hipotequen el futuro.
Invertir mejor para un desarrollo sostenible
No se trata de elegir entre inversión y disciplina fiscal. Se trata de invertir mejor, con responsabilidad. Solo así la infraestructura dejará de ser una promesa electoral y se convertirá en motor sostenible de desarrollo y de cierre de brechas.
Revisa la columna de Videnza Instituto en El Comercio:
