Por Luis Miguel Castilla
Con el objetivo de cerrar la brecha de infraestructura, los gobiernos de los últimos años han recurrido cada vez más al mecanismo de contratación pública bajo el esquema gobierno a gobierno (G2G). Este fue concebido inicialmente como una herramienta excepcional para acceder a asistencia técnica especializada de gobiernos extranjeros, gestionar proyectos complejos, elevar estándares y blindar los procesos frente a la corrupción. Su finalidad no era evadir la Ley de Contrataciones ni dejar de lado las asociaciones público-privadas (APP), sino reforzar capacidades internas para ejecutar obras de alta complejidad.
Sin embargo, su uso extendido ha terminado por convertirlo en un atajo para acelerar anuncios de inversión sin asegurar previamente las condiciones presupuestarias necesarias. Así, el mecanismo se ha desnaturalizado, sin un debate serio sobre su viabilidad fiscal y sus costos institucionales.
La Nueva Carretera Central como caso emblemático
La reciente controversia en torno al proyecto de la Nueva Carretera Central ilustra estos problemas. Este caso revela un patrón de manejo deficiente de proyectos emblemáticos por parte del Estado. Esta conclusión se desprende de una evaluación exhaustiva del contrato recientemente rescindido unilateralmente por el MTC y del contexto fiscal que rodeó dicha decisión.
La resolución del contrato y las dudas sobre su sustento jurídico
La resolución unilateral del contrato con la PMO francesa Egis expone contradicciones relevantes. Si, como era conocido, existían restricciones fiscales para sostener la continuidad del proyecto, lo natural hubiera sido invocar la cláusula de insuficiencia presupuestaria o promover una renegociación transparente. En su lugar, el Ejecutivo optó por activar una cláusula anticorrupción para desacreditar al operador técnico, pese a que los hechos invocados no constituían información nueva ni necesariamente vinculada a la ejecución contractual. Esto plantea dudas razonables tanto sobre la solidez jurídica de la medida como sobre el verdadero móvil de la resolución de la relación con la PMO.
Contingencias legales y deterioro de la confianza internacional
Lamentablemente, las consecuencias de este caso son significativas. El gobierno ha generado contingencias legales que podrían derivar en un arbitraje internacional y eventuales indemnizaciones millonarias, reflejando un manejo improvisado de un proyecto estratégico. Esta decisión afecta la seguridad jurídica y deteriora la imagen internacional del Perú como socio confiable en infraestructura.
Riesgos institucionales y repercusiones políticas
Tampoco puede descartarse que el proyecto busque reconfigurarse bajo una APP, lo que reabriría el escenario competitivo a actores que previamente no resultaron seleccionados (se especula que constructoras chinas). Como mínimo, la secuencia de decisiones exige una investigación exhaustiva. Lo que está en juego no es solo una carretera clave para el país, sino la credibilidad institucional y la confianza internacional en el Perú. En el plano político, por las idas y venidas en el manejo del proyecto, los ministros del MTC y del MEF serán interpelados e iniciará un paro regional ante la eventual paralización del proyecto.
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