Por Luis Miguel Castilla
A los escándalos actuales que envuelven al presidente Jeri se añade un accionar que no puede ser tolerado porque normaliza prácticas potencialmente delictivas. La reciente saga de normas introducidas “de contrabando” en leyes de presupuesto y endeudamiento revela un patrón inquietante: el uso de estas herramientas fundamentales de gestión pública para trampear el proceso legislativo y favorecer intereses particulares bajo la fachada de normas que tienen una particularidad: se tienen que aprobar en un determinado plazo y, por su naturaleza, no pueden ser sujetas a un adecuado escrutinio público. Los casos del contrato gobierno a gobierno del aeropuerto de Chinchero y de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito son ejemplos ilustrativos de cómo se desvirtúa la deliberación democrática y se erosiona la autonomía de instituciones clave del país.
El caso Chinchero y el uso del presupuesto para forzar decisiones
El primero de estos casos, evidenciado por la habilitación de la ampliación del techo presupuestal para contratos G2G (i.e. el caso favorecería a la constructora coreana a cargo del aeropuerto de Chinchero, entre otros muchos más), muestra cómo una disposición que no logró votos en comisiones ni en el pleno fue reintroducida y aprobada como parte de la Ley de Presupuesto 2026, sin la deliberación abierta que corresponde a una ley sustantiva. Este tipo de maniobra transforma el presupuesto en una zona gris donde se esconden normas que ya fueron rechazadas por los legisladores. La práctica es dañina porque disuelve el control parlamentario y convierte la ley en un instrumento de conveniencia, no de política pública legítima.
La captura política de las Cajas Municipales
El segundo caso es la introducción de un artículo en la Ley de Endeudamiento del Sector Público que modifica la gobernanza de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Esta disposición fue introducida “entre gallos y medianoche”, sin que fuera debatida ni aprobada previamente en el pleno del Congreso, con el aparente objetivo de permitir al Ejecutivo influir en los directorios y desplazar la representación legítima de gremios de micro y pequeñas empresas. Esta norma, percibida como una tentativa de captura política de entidades autónomas, ha sido incluso suspendida provisionalmente por el Poder Judicial en atención a posibles daños irreversibles a la autonomía institucional.
Atajos normativos que debilitan la democracia y la transparencia
Ambos casos comparten una lógica preocupante: cuando una norma no obtiene respaldo en el cauce democrático habitual, se reintroduce en una ley técnica para “forzar” su aprobación. Ese contrabando legislativo no solo vulnera el espíritu del debido proceso parlamentario, sino que además socava la transparencia, la rendición de cuentas y la igualdad ante la ley. Los mecanismos de control son reemplazados por atajos que favorecen la influencia política sobre decisiones que deberían ser técnicas y transparentes. Esta práctica se ha exacerbado en la gestión de José Jeri y sus colegas en el Parlamento, lo que ciertamente traerá responsabilidades que deberán ser esclarecidas por las autoridades judiciales pertinentes.
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