Por Luis Miguel Castilla
Lidiar con la inseguridad ciudadana y la escalada de crimen y violencia es claramente la prioridad del Gobierno. Y el presidente José Jeri insiste en operativos espectaculares: requisas transmitidas en vivo, visitas sorpresivas, despliegues que buscan demostrar autoridad. Pero nada de eso cambiará la inseguridad mientras el sistema penitenciario siga carcomido por la corrupción y el desgobierno. Ese es uno de los núcleos del problema, sin embargo, ha sido el que menos se ha enfrentado con eficacia.
Cárceles hacinadas y controladas por el crimen
Hoy las cárceles no solo están hacinadas: están capturadas. La sobrepoblación supera el 140%, los proyectos de infraestructura avanzan a paso lento o están detenidos, y decenas de trabajadores penitenciarios son investigados por corrupción. Cuando quienes deben controlar el sistema terminan sirviendo al crimen organizado, cualquier reforma se vuelve ilusoria. No hay tecnología ni operativo que funcione si las organizaciones criminales siguen operando con impunidad desde dentro de los establecimientos penitenciarios.
Impunidad desde los penales y ausencia de gestión moderna
Mientras las mafias compren voluntades y dicten órdenes desde los penales, la ciudadanía seguirá viviendo con miedo. Es harto sabido que se necesita modernizar la gestión, bloquear comunicaciones ilegales, profesionalizar al personal y sanearlo a fondo. También urge una justicia que no sature las cárceles con casos menores mientras los verdaderos líderes criminales mantienen privilegios o se benefician de una justicia ultragarantista.
Reformar el sistema penitenciario como condición para recuperar la seguridad
Cada día que pasa sin atacar la corrupción, el sistema penitenciario se hunde más y la inseguridad se vuelve incontrolable. El país no puede seguir perdiendo tiempo en gestos efectistas. Sin limpiar las cárceles, no se recuperará la seguridad. Sin mejorar la gestión de su infraestructura y mantener las mínimas condiciones para que los penales aíslen verdaderamente a los delincuentes y haya un mínimo grado de resocialización, la criminalidad seguirá avanzando. En este marco, el paquete de facultades que el gobierno acaba de solicitar en materia de seguridad ciudadana incluye también la reforma del sistema penitenciario. Si se logran avances —mejorando la infraestructura, asegurando un sistema de control eficaz, profesionalizando al personal penitenciario, cerrando espacios de impunidad y evitando que desde dentro de las cárceles se organice extorsión, tráfico o sicariato—, entonces las facultades legislativas podrían tener un efecto multiplicador: el Estado atacaría el crimen desde el exterior (policía, leyes, sanciones) y desde el interior (prisión efectiva, prevención de mafias internas), reduciendo la recurrencia delictiva y el riesgo de impunidad.
Sin control penitenciario no habrá seguridad posible
Más allá de los gestos mediáticos del presidente y anuncios espectaculares como la “desaparición del INPE”, no podemos seguir tolerando que las cárceles sigan siendo controladas por la criminalidad y que no se logre imponer la autoridad ni comience a operar con mayor eficacia un eslabón clave de la arquitectura institucional que preserve la seguridad en el país.
Lee el informe de Videnza Instituto publicado en Gestión:
