Por Luis Miguel Castilla.
El Gobierno obtendría más efectividad en sus esfuerzos por revertir la caída de la inversión privada si le pusiera más “punche” a la oficina que alberga al Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión que trabaja desde el MEF. Es meritorio que se hayan destrabado US$ 600 millones en proyectos mineros en el primer semestre del año y esto hace parte de un esfuerzo por viabilizar una cartera priorizada por US$ 39.000 millones.
Este listado de proyectos cubre al sector minero, infraestructura, entre otros. La tarea implica un minucioso proceso de coordinación y seguimiento de una pequeña unidad de profesionales que intenta crear espacios de diálogo entre las entidades públicas y los promotores de proyectos de inversión privada y procurar, especialmente, que se cumplan los plazos legales que regulan el otorgamiento de permisos y licencias y evitar que se ejerza una discrecionalidad que paralice proyectos.
«La premisa es que el manejo técnico permita levantar observaciones y penalice la desidia de algunos funcionarios que obstaculizan inversiones bien sea por sesgo ideológico o temor de tomar una decisión ante la posibilidad de ser penalizado por el control interno.»
El desafío que enfrenta esta iniciativa es escalarla significativamente de modo de viabilizar una magnitud mayor de proyectos de inversión privada que ciertamente el país necesita. Tan importante como dotar de facilidades financieras para movilizar al sector privado e impulsar nuevas entidades públicas que mejore la ejecución de las obras públicas, urge darle una mayor importancia a este tipo de iniciativas que sin duda lograría mover la aguja de las expectativas. Esto demanda una mayor voluntad política al más alto nivel del Gobierno.
