Por Luis Miguel Castilla
La inseguridad ciudadana no apareció de la nada en la agenda electoral de 2026. Llegó acumulada, construida pacientemente por años de instituciones débiles, autoridades rotativas y una clase política que confundió el desorden con la rebeldía legítima.
La inestabilidad política abrió espacio para el avance del crimen organizado
El punto de inflexión tiene fecha: julio de 2021. Con la llegada de Pedro Castillo a Palacio de Gobierno, el Perú entró en una era de parálisis estatal que el crimen organizado supo aprovechar con precisión quirúrgica. Los ministros del Interior duraron en promedio 3,2 meses. Esa inestabilidad fue una política pública involuntaria a favor del hampa. Mientras los gabinetes rotaban, las organizaciones criminales consolidaban territorios, rutas y economías paralelas. La extorsión dejó de ser un delito marginal y se convirtió en un modelo de negocio. El narcotráfico ganó escala. La minería ilegal encontró en el vacío estatal su mejor aliado.
El costo de la expansión criminal ya golpea a la economía y a la política
Los números que quedaron son brutales. Los homicidios superaron los 2,000 casos en 2024. Las denuncias por extorsión crecieron 27% solo en los primeros diez meses de 2025. Y las economías ilegales mueven ya cerca de 9,800 millones de dólares anuales, un sistema paralelo que no solo financia el crimen, sino que lo convierte en poder político, como ha quedado en evidencia en el propio Congreso. El costo para el país: S/ 19.8 mil millones al año, equivalente al 1.7% del PBI.
Los candidatos proponen respuestas distintas frente a una crisis acumulada
Ante ese diagnóstico, los candidatos ofrecen respuestas distintas. Fuerza Popular plantea una intervención inmediata: plan de emergencia, control territorial, expansión de los Centros CSI, masificación de unidades de flagrancia y reforma penitenciaria. Es una agenda de corto plazo, centrada en el síntoma visible. Juntos por el Perú apuesta por una reforma estructural más profunda: inteligencia, fiscalías especializadas, enfoque preventivo y comunitario. Es una agenda de mediano plazo que el Perú puede no tener el lujo de esperar.
La seguridad exige una política de Estado sostenida en el tiempo
La verdad es que ambas son necesarias y ninguna es suficiente por sí sola. El próximo gobierno heredará cinco años de impunidad acumulada. La pregunta no es qué candidato tiene el mejor discurso sobre seguridad, sino cuál tiene la voluntad real de sostener una política de Estado más allá de los primeros cien días.
Conoce más en el informe de Videnza Instituto publicado en Correo:
