Por Videnza Instituto
Desde Rumbo Energético consideramos fundamental contar con una política energética que sea coherente con las necesidades y realidades del país, capaz de garantizar un sistema equitativo, competitivo, sostenible y confiable. El Perú enfrenta un reto urgente: avanzar hacia una matriz energética más limpia sin dejar de lado el rol de los hidrocarburos. En este contexto, presentamos el informe sobre la situación y fomento de la inversión privada en hidrocarburos elaborado por José Mantilla, expresidente de Perúpetro, por encargo de Videnza Instituto.
El informe analiza la caída sostenida de la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos, causada por un marco legal desfasado, excesiva burocracia y débil institucionalidad. A ello se suma una preocupante concentración productiva: el 95% del gas natural proviene de solo tres lotes en Camisea. En petróleo, la producción sigue siendo muy por debajo de los niveles históricos, lo que obliga al país a importar más del 70% del crudo que refina.
En un escenario donde Perú debe cumplir con compromisos internacionales de descarbonización, el gas natural mantiene un rol clave como energía de transición. Tiene ventajas ambientales y económicas frente a otros combustibles fósiles. Camisea es prueba de ello: desde 2004 ha generado más de S/ 60 mil millones en regalías e impuestos, abastece más del 40% de la electricidad nacional y cubre el 70% del mercado de GLP.
Sin embargo, estos beneficios no se distribuyen de manera equitativa. El 90% del consumo de gas se concentra en Lima y Callao, mientras gran parte del país aún no accede a este recurso. A ello se suma la amenaza de que las reservas actuales no sean suficientes si no se reactivan nuevos proyectos de exploración.
Frente a este panorama, el informe propone una hoja de ruta con siete prioridades estratégicas: (i) lineamientos de política energética de largo plazo; (ii) reformas al marco legal y fiscal; (iii) fortalecimiento de la seguridad jurídica e institucionalidad; (iv) promoción estatal efectiva y fortalecimiento de Perúpetro; (v) infraestructura crítica y eficiencia operativa; (vi) tramitología, permisología y gestión socioambiental; y (vii) uso productivo del canon y cierre de brechas.
La propuesta es clara: una transición energética gradual, viable y justa. El Perú necesita una hoja de ruta que combine la explotación responsable de sus hidrocarburos con el impulso de energías limpias. No se trata de elegir entre ambas, sino de construir un modelo equilibrado que aproveche el gas como palanca de desarrollo mientras se avanza hacia el objetivo.
Para conocer más detalles y sumarse al debate sobre el futuro energético del país, invitamos a todos los interesados a leer el informe completo aquí
