El sector de hidrocarburos sigue siendo fundamental para la seguridad energética y el desarrollo económico del Perú: más del 65% del consumo energético depende de estos recursos. En particular, el gas natural ha contribuido a reducir costos energéticos, diversificar la matriz y ampliar el acceso a una fuente más limpia. Sin embargo, el sector enfrenta limitaciones estructurales que pone en riesgo su sostenibilidad.
En el upstream, la exploración se ha reducido de manera sostenida en la última década. Esto ha limitado la perforación de nuevos pozos exploratories y la reposición de reservas. Como resultado, la producción depende de yacimientos antiguos y altamente concentrados, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema ante riesgos técnicos, sociales y contractuales. A ello se suma la persistente dependencia de importaciones de hidrocarburos líquidos, reflejo de una débil articulación entre producción, infraestructura y desarrollo de mercado.
En el downstream, las brechas en transporte y distribución frenan la masificación del gas natural. Aunque ha habido avances, el acceso sigue siendo desigual: el consumo se concentra en Lima y Callao, mientras muchas regiones permanecen rezagadas Este problema se agrava por una institucionalidad fragmentada, una regulación poco predecible y riesgos en zonas productoras. La situación de Petroperú añade incertidumbre y debilita la confianza en el sector.
Frente a este panorama, se requiere una estrategia integral. Es clave articular upstream y downstream para alinear exploración, producción, e infraestructura. El gas natural debe asumirse como un activo estratégico para la transición energética y el desarrollo territorial. Asimismo, fortalecer la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria es esencial para atraer inversión.
También es necesario mejorar la gobernanza del sector, con mayor transparencia y profesionalización, e incorporar un enfoque territorial que genere beneficios concretos en las comunidades. Estas reformas deben implementarse de manera gradual y alineadas con las capacidades del Estado.
En términos de propuestas, los primeros 100 días deberían enfocarse en definiciones claras de política energética, reformas normativas prioritarias y fortalecimiento institucional. En el primer año, avanzar en reformas legales, fortalecer Perúpetro, promover el uso productivo del gas, y reducir costos de transacción. A cinco años, el objetivo es reducir la dependencia de importaciones, impulsar el desarrollo territorial y licencia social, y ordenar la transición energética con criterios ambientales.
En esa línea, Videnza Instituto ha publicado como bien público un conjunto de propuestas de política orientadas a fortalecer la seguridad energética, reactivar la inversión e integrar el desarrollo del gas natural con una transición energética ordenada , bajo un enfoque que articule el upstream y el downstream.
