La comisión de Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso evalúa un dictamen que propone elevar la participación en utilidades de los trabajadores del sector hidrocarburos de 5% a 8%, equiparando este régimen al del sector minero. A primera vista, puede parecer favorable para los trabajadores, pero ¿qué implicancias tendría para la competitividad del sector y para la economía del país? Esta medida presenta serias inconsistencias normativas, falta de sustento técnico y riesgos económicos:
No respeta el marco legal vigente
El dictamen equipara hidrocarburos con minería usando la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), pese a que la Ley General de Minería distingue claramente ambos sectores y la Corte Suprema ha ratificado esta diferencia. Además, no define con precisión qué actividades del sector estarían incluidas, lo que genera incertidumbre regulatoria.
No tiene sustento económico
Para aprobar una modificación de este tipo se requiere evidencia clara sobre su impacto. El dictamen no presenta un análisis que justifique el aumento del porcentaje ni su efecto en la competitividad. El sector enfrenta caída de inversiones, altos costos tributarios y un déficit energético persistente. Aumentar obligaciones sin sustento podría agravar estos problemas y presionar la estructura de costos, afectado posiblemente a los precios de los combustibles.
Aumenta los sobrecostos laborales
Los costos laborales no salariales ya equivalen al 70% del salario formal, uno de los niveles más altos de la región. Incrementarlos contradice recomendaciones internacionales como la OCDE y el BID; y puede afectar la formalidad y la productividad.
Genera distorsiones entre sectores
Equiparar sectores con estructuras de costos y riesgos distintos puede afectar la asignación de recursos y la sostenibilidad de la actividad, con impactos sobre inversión y empleo.
¿Qué proponemos desde Rumbo Energético?
Nuestro propósito es impulsar una transición energética efectiva, equilibrada y acorde a la realidad nacional. Para lograrlo, necesitamos políticas que fortalezcan la competitividad y atraigan inversión, no medidas que generen sobrecostos sin sustento técnico.
En este sentido, desde Rumbo Energético consideramos que el dictamen no cuenta con sustento jurídico, técnico ni económico. Antes de introducir nuevas cargas, el país necesita un marco laboral que impulse productividad, formalización e inversión. Por tanto, la propuesta, tal como está planteada, no debe aprobarse.
