Por Daniela Santander
La semana pasada, Perupetro organizó el evento “La urgencia de explorar hidrocarburos: el futuro energético del Perú en riesgo”. El título no es exagerado: las reservas de gas natural tienen una autonomía de quince años, pero la exploración está virtualmente detenida y los nuevos descubrimientos llevan más de una década estancados. Si no se reactiva la exploración, el Perú pasaría a tener que importar gas natural a precios cinco veces más caro que los actuales. El impacto sería casi de inmediato: tarifas eléctricas más altas, transporte más caro y una vida cotidiana más costosa para millones de familias.
El mensaje fue claro: no hay tiempo que perder. No se puede seguir postergando la exploración. Sin ella, no habrá producción, y sin producción solo quedará importar. Esta decisión no puede depender de coyunturas; debe ser política de Estado. Como indicó Pedro Chira, presidente de Perupetro, aún existe una “ventana de oportunidad”. Pero exige instituciones sólidas, normas claras y condiciones que acompañen el ciclo exploratorio: incentivos fiscales competitivos, simplificación de trámites y una gestión social que construya confianza en los territorios.
Nuestros vecinos ya mostraron lo que ocurre cuando estas piezas fallan. Como expuso Álvaro Ríos, fundador y socio principal de Gas Energy Latin America (GELA), Bolivia pasó de exportar a importar la mayor parte de su energía tras la politización del sector y la nacionalización y debilitamiento de su empresa estatal. Argentina frenó la exploración con subsidios masivos y rigidez en los contratos, generando un déficit energético de más de US$40 mil millones. Colombia, con menor potencial geológico, mantuvo la autosuficiencia durante años, pero la reciente decisión de frenar nuevas exploraciones ya se traduce en importaciones de GNL y tarifas en alza.
Las lecciones son claras: no explorar conduce a la dependencia. Y sus impactos no son solo macroeconómicos; también son sociales. Cuando un país importa energía, pierde divisas, se encarece la electricidad y se compromete la competitividad de su industria. Al final, el ciudadano de a pie paga las consecuencias.
Por eso, la urgencia de explorar debe ir de la mano de proyectos estratégicos que fortalezcan la demanda y generen confianza en la inversión. El proyecto Extensión Sur de TGP —gasoducto de más de 900 km entre Ica y Moquegua— es clave. Permitirá ampliar la generación térmica, reducir los costos energéticos en hasta 50 % y conectar a regiones como Arequipa, Cusco y Puno al sistema de gas natural. En paralelo, el plan “7 Regiones”busca masificar el gas en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali. Ambas iniciativas requieren inversión pública y privada, subsidios inteligentes y una demanda ancla que garantice su viabilidad.
Perú está a tiempo de evitar el camino del déficit energético. Pero necesita actuar ya. Convertir la exploración en política de Estado y apostar por proyectos transformadores no es una opción: es una urgencia.
