Por Daniela Santander
Desde Videnza Instituto se viene desarrollando un informe sobre la situación y el fomento de la inversión privada en la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú, en alianza con José Mantilla, expresidente de Perúpetro. Aunque el estudio aborda de manera integral el sector, dedica especial atención al gas natural por su rol estratégico en la seguridad energética y la transición hacia una matriz más limpia.
Actualmente, más del 95 % del gas que se consume en el país proviene de Camisea, en Cusco. Esta concentración representa una vulnerabilidad crítica: ante cualquier problema operativo, social o logístico, el país queda expuesto. A ello se suma la caída de reservas, el estancamiento de la exploración y la falta de reposición de los volúmenes extraídos. En 2024, solo se perforaron dos pozos exploratorios en la zona norte del país, frente a los 17 registrado en 2013. Sin actividad exploratoria en la zona sur —de alto potencial gasífero—, las reservas actuales solo cubrirían la demanda de los próximos 15 años.
El problema no es la falta de recursos. El Perú tiene 18 cuencas sedimentarias, pero solo cinco están en producción. Regiones como Marañón, Ucayali o zonas offshore tienen alto potencial, pero siguen sin desarrollarse debido a conflictos sociales, exceso de permisos, falta de infraestructura o descoordinación institucional. El caso de la cuenca Marañón, con 291 millones de barriles en reservas probadas y probables de petróleo, es el ejemplo más claro de este desaprovechamiento. En cuanto al gas natural, existen 6.9 billones de pies cúbicos de recursos contingentes y 43.2 billones de pies cúbicos de recursos prospectivos que permanecen sin condiciones claras para que la inversión privada los transforme en energía para el país.
Las barreras son múltiples: ausencia de incentivos fiscales para proyectos complejos, tramitología que puede tardar años, narrativa pública ambigua y fragmentación institucional que genera sobrecostos y desconfianza. Pese a su enorme potencial, el Perú ha perdido competitividad frente a países como Colombia, Brasil o Argentina, que sí han modernizado sus marcos normativos y fortalecido sus agencias de promoción.
Aun así, el gas natural ha sido uno de los principales motores del desarrollo energético en las últimas dos décadas. Desde el inicio del Proyecto Camisea, más de dos millones de hogares han sido conectados, cientos de miles de vehículos convertidos a GNV, y se ha reemplazado el uso de combustibles contaminantes especialmente los petróleos para la industria, el diésel y gasolinas para el transporte. Los beneficios económicos son contundentes: más de S/ 60 mil millones transferidos al Estado en impuestos y regalías, un ahorro estimado de USD 40 mil millones para los usuarios y una reducción de 15 % en emisiones de gases de efecto invernadero.
Para sostener esos beneficios, es clave modernizar la Política Energética Nacional al 2050, reconociendo al gas natural como combustible de transición energética. También se debe reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, actualizar el esquema de regalías y fortalecer institucionalmente a Perúpetro, dotándola de autonomía, capacidades técnicas y recursos para liderar una estrategia de promoción activa. Además, es urgente construir nuevos gasoductos que lleven este recurso a más regiones del país. Masificar el gas no puede seguir siendo un objetivo limitado a Lima y Callao: debe convertirse en una verdadera política nacional.
El gas natural es una fuente de energía limpia, eficiente y disponible, capaz de cerrar brechas, impulsar la industria, reducir emisiones y sostener la economía. No desarrollarlo sería renunciar a una oportunidad estratégica que ya ha probado su valor. Impulsar el desarrollo del gas acelera una transición energética viable, ordenada y justa, alineada con las necesidades y oportunidades del país.
